Sobre la propuesta de probidad de la Alianza habría que decir que: terminar con los operadores políticos es un discurso. El asunto es ¿Cómo? y en el ámbito de la práctica y de su aplicabilidad en Chile es de una imposibilidad casi absoluta. En su sentido estricto los senadores, los diputados, los ministros, el gobierno, los partidos políticos trabajan con operadores políticos. Y de un modo general son servidores públicos dado que su definición de planta y su encuadre quedo delimitada desde el gobierno de Augusto Pinochet. El punto es que su selección para trabajar en los aparatos y diferentes órganos públicos aunque suba el nivel de exigencia curricular no les da garantía ni les otorga credibilidad moral y ética. Por otra parte, el asunto es que si lo indica un parlamentario o un alcalde para ser privilegiado de entre una terna o en una quina tampoco signifique un respaldo político de un partido o de una orgánica partidaria.
En este aspecto debería hacerse un llamado a los colegios profesionales, a las asociaciones de técnicos para que hagan sus propuestas al país en el sentido de reforzar sus organizaciones en materia de fiscalización en materia de revisión de títulos y membresía.
En relación con las otras propuestas, lo que es definitivo es que si la Alianza no se abre a legislar sobre la inscripción automática no solamente está demostrando una falta de confianza en los jóvenes en general. Lo cual por cierto sería fome. Pero sería además incomodo porque se estaría con ello dificultando la participación democrática lo cual la enmarcaría nuevamente en su rasgo conservador y autoritario. No le haría bien si en efecto quiere ser alternativa real de gobierno al 2.010.
Desde su contraparte política, es cierto que la reforma al sistema binominal y el término del uso posidetis con efecto retroactivo tampoco tiene quórum en la Concertación porque varios senadores y diputados no podrían volver a re elegirse a partir del 2.010. Y por cierto que la regulación del lobby y de la intervención del capital, de los empresarios en la política pondría más de un control democrático al interior de los partidos políticos y de sus dirigentes, sean estos mandatados por sufragio popular o, servidores públicos y elegidos por el gobierno de turno por confianza y a discrecionalidad de la Presidenta o del Presidente, para limitar el tamaño de sus fechorías.
En resumen, no se puede dejar y de hecho no se puede aceptar la autonomía de examen “en y a conciencia” de cada quién, por lo tanto sin regulación y sin aceptar que ella existe aunque sea implícita en la opinión pública. No se puede aceptar el traspaso de los líderes y servidores públicos al mundo empresarial y de los negocios del capital. Y viceversa. Esto es como dejar a la reflexión de la propia conciencia moral y ética el ejercicio casuístico que esconde el interés instrumental financiero. Es como la mano invisible del mercado pero operando esta vez desde la conciencia, como si no existiese a modo de contraparte la sociedad moral para espejear al individuo, sociedad civil y educación cívica, lenguaje, lenguajiar y conversación social sobre el punto. Y evidentemente de parte del individuo, es no querer reconocer que los otros están mostrando algo indebido, impropio.
En efecto, esto conllevará a definir si un parlamentario elegido por sufragio popular y militante de un partido es también un funcionario o servidor público, si un funcionario de alto gobierno tiene que cumplir un tiempo antes de cruzar el puente, o con cuanto tiempo de antelación un candidato empresario debe hacer el fidei comiso ciego, o en que momento de la carrera política los mismos deberían hacer declaración de patrimonio, etc.
A lo anterior deberían agregarse medidas sobre el uso del tiempo de los funcionarios públicos en actos de campaña y en tiempos electorales, así como la suspensión de entrega de obras de parte del gobierno de turno. Ahora esta última cuestión es conversable y debatible porque la derecha económica que participa en la campañas electorales de la derecha política debe también jugar a la transparencia y a la probidad. En este sentido, deberían también regular su forma de participación ya que no pueden abstenerse de participar. Y aquí es necesario que comprendan que es muy difícil solicitarle a un gobierno y a su equipo que no trabaje para una re elección política electoral si la pugna es precisamente con una derecha política que esconde intereses de grupos económicos, verdaderas oligarquías aristocratizantes y plutocráticas, castas regionales enquistadas por familias y linajes, generación tras generación.
Basta recordar que la inequidad en la distribución de la riqueza en Chile no es una historia y por cierto opera a favor del 5% de la población. Esto es una realidad que la democracia no ha tocado. Y la Concertación tampoco. Se podría hasta decir, que la elite política concertacionista ha tenido acceso a la mesa del pellejo de ese 5%. Y eso se ha logrado con el voto. Un voto que puede llegar cansado y anciano al 2.010.
Por todo lo anterior, para hacer ley se espera nuevamente altura de miras de ambas coaliciones políticas.
En este aspecto debería hacerse un llamado a los colegios profesionales, a las asociaciones de técnicos para que hagan sus propuestas al país en el sentido de reforzar sus organizaciones en materia de fiscalización en materia de revisión de títulos y membresía.
En relación con las otras propuestas, lo que es definitivo es que si la Alianza no se abre a legislar sobre la inscripción automática no solamente está demostrando una falta de confianza en los jóvenes en general. Lo cual por cierto sería fome. Pero sería además incomodo porque se estaría con ello dificultando la participación democrática lo cual la enmarcaría nuevamente en su rasgo conservador y autoritario. No le haría bien si en efecto quiere ser alternativa real de gobierno al 2.010.
Desde su contraparte política, es cierto que la reforma al sistema binominal y el término del uso posidetis con efecto retroactivo tampoco tiene quórum en la Concertación porque varios senadores y diputados no podrían volver a re elegirse a partir del 2.010. Y por cierto que la regulación del lobby y de la intervención del capital, de los empresarios en la política pondría más de un control democrático al interior de los partidos políticos y de sus dirigentes, sean estos mandatados por sufragio popular o, servidores públicos y elegidos por el gobierno de turno por confianza y a discrecionalidad de la Presidenta o del Presidente, para limitar el tamaño de sus fechorías.
En resumen, no se puede dejar y de hecho no se puede aceptar la autonomía de examen “en y a conciencia” de cada quién, por lo tanto sin regulación y sin aceptar que ella existe aunque sea implícita en la opinión pública. No se puede aceptar el traspaso de los líderes y servidores públicos al mundo empresarial y de los negocios del capital. Y viceversa. Esto es como dejar a la reflexión de la propia conciencia moral y ética el ejercicio casuístico que esconde el interés instrumental financiero. Es como la mano invisible del mercado pero operando esta vez desde la conciencia, como si no existiese a modo de contraparte la sociedad moral para espejear al individuo, sociedad civil y educación cívica, lenguaje, lenguajiar y conversación social sobre el punto. Y evidentemente de parte del individuo, es no querer reconocer que los otros están mostrando algo indebido, impropio.
En efecto, esto conllevará a definir si un parlamentario elegido por sufragio popular y militante de un partido es también un funcionario o servidor público, si un funcionario de alto gobierno tiene que cumplir un tiempo antes de cruzar el puente, o con cuanto tiempo de antelación un candidato empresario debe hacer el fidei comiso ciego, o en que momento de la carrera política los mismos deberían hacer declaración de patrimonio, etc.
A lo anterior deberían agregarse medidas sobre el uso del tiempo de los funcionarios públicos en actos de campaña y en tiempos electorales, así como la suspensión de entrega de obras de parte del gobierno de turno. Ahora esta última cuestión es conversable y debatible porque la derecha económica que participa en la campañas electorales de la derecha política debe también jugar a la transparencia y a la probidad. En este sentido, deberían también regular su forma de participación ya que no pueden abstenerse de participar. Y aquí es necesario que comprendan que es muy difícil solicitarle a un gobierno y a su equipo que no trabaje para una re elección política electoral si la pugna es precisamente con una derecha política que esconde intereses de grupos económicos, verdaderas oligarquías aristocratizantes y plutocráticas, castas regionales enquistadas por familias y linajes, generación tras generación.
Basta recordar que la inequidad en la distribución de la riqueza en Chile no es una historia y por cierto opera a favor del 5% de la población. Esto es una realidad que la democracia no ha tocado. Y la Concertación tampoco. Se podría hasta decir, que la elite política concertacionista ha tenido acceso a la mesa del pellejo de ese 5%. Y eso se ha logrado con el voto. Un voto que puede llegar cansado y anciano al 2.010.
Por todo lo anterior, para hacer ley se espera nuevamente altura de miras de ambas coaliciones políticas.
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