Una conversación muy poco diplomática

Lo sucedido en el escenario político nacional, especialmente con el gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores a raíz de las declaraciones del embajador venezolano en Chile que revelan el comportamiento político de la Democracia Cristiana en su país, es insólito. Pareciera que la lógica de la argumentación para calificar el acto como “poco diplomático” es decir inapropiado desde el punto de vista de la intervención en asuntos internos, no dice relación con que el señor en cuestión haya dicho “la verdad” sobre la participación y el apoyo que en el 2.002 un sector de dicho Partido, vía cancillería, tuviere o tuviese precisamente al respaldar el golpe de estado a Hugo Chávez, en Venezuela. Sino y liza llanamente parece que el rechazo se debe más a la idea de preservar el matrimonio ante el que dirán y no dejar que alguien desconocido meta mano donde no debe o donde están los conflictos. Es como re editar esa vieja historia: en pelea de casados es mejor no meterse. En efecto, y solo para echarle más ají es un dato de la opinión pública la posición que el marido de la actual presidenta del Partido Democratacristiano tiene en relación con el latinoamericanismo y el liderazgo de Chávez. Pero eso al parecer no puede ser materia de juicio político. Ni tampoco puede interpretarse como una posición de la cancillería ni de toda la DC. Es más, mientras la actual senadora Soledad Alvear fue canciller, es evidente que tuvo e implementó una política exterior que descuidó absolutamente las relaciones con los vecinos, al punto, de dejarnos donde estamos, con varios niveles de conflictividad ad portas de los cuales este gobierno ha tenido que hacerse cargo como los sostenidos con Bolivia, Perú, Argentina. Es decir no hubo inversión económica ni en materia de infra estructura puesto que en su mayoría fueron destinados a reforzar lo existente con Estados Unidos en vías de lograr el acuerdo de libre comercio, y con Europa. Pero eso es harina de otro gobierno. Por otra parte, no fue un asunto de discusión publica pero nuevamente es pan comido que la postura que le costo la salida a Juan Enrique Vega precisamente del Consejo de Seguridad tuvo que ver con la invasión a Irak y con el conflicto que marcó postura en obediencia o desobediencia de cara a los acuerdos que precisamente dicha canciller había tomado en orden a no “hacerle olitas” al gobierno de Bush. Pero en fin, lo que pareciera ser que molesta a algunos de las palabras del señor embajador no es el simple reconocimiento de una postura política pro norteamericana y una denuncia legítima por lo demás en orden a advertir a los chilenos y chilenas sobre quién es quién dentro de la concertación. Y precisamente como han intervenido en otros países amparados en el aparato del Estado durante otro gobierno. Lo que molesta, es que la ciudadanía se entere, sepa, conozca esos detalles o pormenores que hacen a la política internacional de Chile. Es decir, es mejor mantener la basura bajo la alfombra. Una democracia sólida en sus relaciones diplomáticas, no debería temerle a la entrega de información ni si esta genera conflictos internos o diferentes posturas. Por lo mismo, no parece adecuado, es más resulta destemplado solicitarle el retiro al embajador por contarle la verdad al pueblo chileno sobre lo que un sector político hace o deja de hacer sobretodo si se trata de lo que hacen o dejan de hacer en “su” país. No se entromete en asuntos internos de un país quién defiende el suyo de cara al comportamiento “si” impropio de alguno de los nuestros. Eso es entender mal las cosas y confundir el ejercicio de la diplomacia con el ejercicio de la falacia y el mantenimiento de las apariencias. No se trata de mantener las formas también ante la ciudadanía. Y si efectivamente, fue esto lo que molesto a La Moneda, entonces quiere decir que la diplomacia tiene elementos de simulacro y de falsedad no justificables. Y que es momento de cambiar detalles “impropios” como estos. Otra cosa es pensar que las palabras del Señor embajador en momentos en que la Presidenta debe decidir su voto entre Guatemala y Venezuela puedan servir para tensionar las posturas internas. Me preguntó: ¿Qué habría pasado si en efecto Soledad Alvear hubiera sido la presidenta de Chile? O ¿si ella lo fuera de aquí a un tiempo más? El punto crucial está precisamente en la diferencia. Ni ella no es la que tiene que decidir ahora, ni mucho menos asesorada por un marido. ¡Que diferencia!

Centralismo Educacional: Una discusión de Coyuntura

Un estudio sobre la educación media y básica a nivel país publicitada por El Mercurio y la Tercera en el último mes y que muestra los comportamientos del “consumo en el mercado educacional nacional” desde el año 2.001 al 2.005 ha buscado por cierto aportar en conocimiento a la opinión pública, a los consumidores, los agentes, actores del proceso educativo en momentos de debate nacional. En efecto, el estudio in comento indica una baja en torno al 5% de la matrícula de los liceos y escuelas municipalizadas y un aumento del mismo 5% de parte de los colegios particulares subvencionados.
Sin embargo, y es aquí donde radica el “quid del asunto”, buscar o pretender instalar interpretaciones en relación a la “baja” que experimenta el sector municipalizado para orientar al Estado en materia de potenciar inversiones, consolidar y privilegiar a lo particular subvencionado a partir de este 5 % es otra cosa que no obedece ni ayuda por cierto a sincerar y buscar verdaderos mecanismos de salida a la situación de la educación municipalizada. Menos aún cuando a lo anterior se suma una cierta complacencia y recriminación de cara al proceso de negociación que los profesores del sector están realizando con el Ministerio por sus salarios para el año que viene durante el mes de septiembre. Este comportamiento no es sincero en sus intenciones, no es sincera la interpretación, y no lo es tampoco la intervención de algunos liderazgos de expertos porque termina siendo tendenciosa y nuevamente demagógica estadísticamente sobretodo si apunta a mostrar “déficit de liderazgo” usando la portada de un diario.
La baja de un 5% del sector municipalizado no significa necesariamente que eso sea sustentable y proyectable en el tiempo. De aquí a 5 años más, evidentemente que este comportamiento tenderá a estabilizarse por diferentes razones, entre otras, porque la mayoría de la población no tiene ni tendrá el dinero suficiente para pagar un establecimiento particular subvencionado, y porque la medición y evaluación docente también puede arrojar y detectar problemas en la calidad de la docencia allí. O por otras razones.
En efecto, en un momento en que los profesores del sector municipalizado paralizan y anuncian una serie de movilizaciones para trasparentar a la opinión pública la situación salarial de la cual son objeto, no es neutro observar estas pequeñas distorsiones que buscan posicionar sus peticiones como “indignas e injustificadas”.
A lo anterior se suma además las palabras de la sub secretaria de la cartera Pilar Romaguera y de la Ministra, durante las paralizaciones de clases del día 12 de septiembre en orden a que $ 370.000.000 millones de pesos le costaría al Estado las demandas de los profesores y que por cierto “serían injustificadas”. ¡Como si fuera una injusticia pedir asignación y reconocimiento por el título profesional en una instancia del Estado! ¡Como si fuera injusticia pedir aumento salarial y mejoras en la administración después de toda el agua corrida bajo el puente durante este año! ¡Como si la historia no enseñara y no se aprendiera! Además se hace con declaraciones ñoñas, formateadas, sin contenido, sin creatividad, sin lucidez, sin creatividad. Una reiteración política y lingüística que no innova, no trasparenta y rebaja más el nivel de las relaciones con la ciudadanía.
En verdad, los profesores del sector municipalizado están en una situación frágil institucionalmente dado que su empleador, los alcaldes, en muchos casos no les garantizan el salario más allá de diciembre, dados los niveles de endeudamiento que mantienen, dado además la mala gerencia que recae en las direcciones comunales de educación puesto que en muchos casos se dejan de pagar las previsiones y las cotizaciones en salud que registran lagunas y endeudamientos serios. Por cierto también durante la movilización de los pingüinos muchos de ellos señalaron claramente que el gobierno debe entregar recursos para mejorar la situación educacional a nivel de las comunas, han señalado que no quieren hacerse más cargo de la administración de la educación, y en muchos casos no manifiestan compromiso democrático con el desarrollo institucional de la educación a nivel local. Basta ver el préstamo que hizo la SUBDERE.
Por otra parte, y como detalle no menor, los empresarios, la derecha política y económica mayoritariamente y algunos empresarios liberales afines a la concertación cada vez que se habla de la modificación de la LOCE y el restablecimiento del Derecho a la Educación garantizado desde el Estado, enfatizan en la idea de eliminar algunas garantías del estatuto docente, así como, revisar los contratos para flexibilizar el empleo y la compleja evaluación del desempeño docente en un marco sistémico de aplicación de reglas y procesos burocráticos costosos en demasía y no libres de instalación de redes de corruptela. Como si fuera poco, todo ello en un contexto donde en los últimos 25 años derivados de la privatización de la educación superior, el proceso de autonomía de los centros privados, etc., la calidad de las pedagogías en materia de entrega de títulos está para “mascar lauchas”. Y como se ha dicho tantas veces, la cirugía mayor tiene que hacerse en el sistema educacional, y frente a las movilizaciones de los profesores, el Estado no puede esconder la cabeza como el avestruz. Debe mostrar conducción y señalar cuales serán los caminos a seguir con la educación pública. Y deber hacerlo ya porque los alumnos y los profesores saben que llegado diciembre no tienen mecanismos ciudadanos que movilizar.

El Centralismo Educacional del Siglo XXI

JJ. Brunner en una columna del Mercurio dominical del 3 de septiembre descarta y por lo tanto rechaza el “centralismo educacional” con argumentos falaces o estadísticamente demagógicos. En este sentido, aunque el tema del que trata resulta no solamente interesante de discutir y debatir, sino relevante, en el contexto de la movilización de los pingüinos, la de los profesores, la comisión de educación, y la reformulación de la LOCE, no genera empatías dado precisamente la elaboración argumentativamente forzada que el autor realiza, y que lo llevan a conclusiones intelectuales poco consistentes.
En efecto, es interesante debatir y zanjar la idea de si el Estado a nivel central (gobierno, ministerio) fue, es y sea, la instancia óptima para administrar el sistema escolar, y por lo mismo el que, bajo esta definición, fue, es y sea posible asegurar una “provisión inclusiva e igualitaria de las oportunidades educacionales”. Sin embargo, es demagógico descontextualizar históricamente afirmaciones evaluativas como las de la Amanda Labarca sobre los resultados de la aplicación de políticas públicas educacionales del Chile de los años 30, cuando recién se estaba apostando a construir un Estado del tipo Welfare State, o Estado de Bienestar, y por cierto no existían desde los comandos políticos centrales los suficientes mecanismos de regulación, fiscalización o apoyo técnico dada nuestra accidentada geografía para verificar: la deserción, el ausentismo, sobretodo de los sectores rurales. No existía la infraestructura ni siquiera en términos de rutas y caminos, ni la dotación en términos de servicio público que permitiera y garantizara precisamente el acceso a la educación, mucho menos la calidad cuando recién se creaba la Escuela Normal de Profesores y el aspecto “nacional” y de “soberanía” en términos de redes era débil.
Es hacia esta demanda que apuntaba precisamente Amanda Labarca con su evaluación, es decir hacia la generación de más Estado de Bienestar, y no al revés como es lo que ideológicamente intenciona JJ. Brunner. Con el agregado de que la situación histórica analizada no es comparable a la situación actual, en la cual se trata precisamente de definir cual será el rol del Estado en esta materia, después del desmantelamiento del que fuera objeto producto de las políticas liberales de los años 80 bajo el régimen de Augusto Pinochet. O si se prefiere, después de la “privatización” de la educación pública y gratuita en todos sus niveles.
Es cierto, y en eso JJ. Brunner acumula una razón histórica que el problema educacional es un arrastre de todo el siglo XX, incluso advierte que desde el siglo XIX ha sido materia de variados aportes intelectuales, sin embargo, nuevamente para referirse a la situación actual y para hacer una defensa de la necesidad, ahora si, de la “descentralización de las decisiones” semantiza la demanda de garantía de equidad educacional al Estado como un “malentendido histórico” y utiliza modelos comparativos de otros países como Nueva Zelanda, Japón, etc., que se asocian a modelos de gestión de las decisiones que no consideran el rol del Estado, o de un Ministerio centralizado en una región metropolitana. En este contexto por cierto no aclara, cuál sería el rol de las variadas instancias del Ministerio a nivel de las regiones, y si de lo que se trata entonces es de generar estas instancias en las regiones, y/o en las comunas.
¿De qué enmascaramiento actual de las realidades históricas se trata? Es decir, camufladamente entrega solamente datos que aportan en la línea de promover la descentralización, una descentralización de un Estado que no tendría ya más una función educativa fuerte, sostenida y de garantía; aunque no explicita el interés racional instrumental en orden a la eficiencia que podría llevar a un Estado como Chile, a propiciar la generación de instancias descentralizadas del poder central metropolitano del Ministerio por ejemplo. Y con ello, por cierto el Estado vía ministerio mantendría su condición de velar porque el bien educativo sea equitativo en acceso y calidad.
Finalmente, bajo el raciocinio de JJ.Brunner queda ambiguamente definida y asociada la discusión “centralización” (descentralización) de la toma de decisiones por una parte, a la participación, rol económico y financiero de los agentes privados en el sistema de educación por otra. En orden a dilucidar sobre estas materias es interesante relevar el estudio del sistema escolar del British Columbia de Canadá que es opuesto a los considerados en el artículo.
Y en relación solamente con Holanda, es conveniente recalcar que este sistema educacional es financiado por el Estado totalmente hasta los 16 años de edad, y aunque es mayoritariamente administrado por particulares estos se deben reglar no solamente por las inspecciones educacionales en tanto dependencias del Ministerio, sino por las respectivas administraciones municipales, direcciones escolares, consejos de participación en muchas materias y criterios que en Chile han quedado bajo el alero del “deus dara mercado”. Esto es como decir, que la creación de agencias evaluadoras “independientes” o “semi-independientes” (descentralizadas) no garantiza el que la educación, cualquiera sea su nivel, no termine siendo sometida al “negocio” de la compra y venta de licencias, títulos profesionales, programas de estudios o carreras. O malos manejos financieros.
Ahora en lo que respecta a Nueva Zelanda, JJ. Brunner no señala que son las “escuelas integradas”. Y pareciera ser que las asimila a las particulares subvencionadas o particulares, sin especificar el rol y tutela del Estado y del Ministerio de Educación en ellas. Lo mismo ocurre con Suecia y los otros países citados como ejemplos comparativos en los cuales por cierto hasta hace muy poco tiempo (1990) el rol y la acción del Estado en esta materia eran fuertes y sigue siendo fuerte aunque sea a nivel local o comunal.

En tiempos de Vacas Gordas reaparecen los "chupa sangre"

Los excedentes económicos derivados del cobre han generado expectativas en términos de participación en todos los actores sociales y por cierto esto ocurre precisamente porque hay más democracia, es decir más conversación, más información, más conocimiento en el pueblo sobre lo que ocurre en su país. Evidentemente, dado que el mineral es chileno en el sentido "nacional y estatal", en la aplicación del principio democrático, la comunidad toda debería beneficiarse si su venta alcanzó altos precios en el exterior durante el año 2.006. En este sentido entonces, y dada la discusión sobre el presupuesto y el gasto para el 2.007 que debe ser zanjado por el Senado de la República en noviembre, no solamente emergen las demandas sobre la necesaria corrección salarial de los empleados fiscales, trabajadores asociados al Estado como los municipales, trabajadores de empresas del Estado como ferrocarriles, etc., todos ajustes anuales "normales" en la calendario y en la agenda legislativa, sino que surgen interrogantes derivadas de un tiempo de vacas gordas como las siguientes:
- ¿a que áreas y sectores de la economía "estatal" hay que inyectarles recursos por prestación de servicios, es decir, para aumentar bajos salarios y mejorar funcionamiento y niveles de productividad en el esquema de la "calidad total"? o ¿pagar deudas de arrastre como es el caso de los profesores?, o ¿indemnizaciones para propiciar jubilaciones dentro del estado dada la obligatoriedad de cambio a un régimen de previsión social en el pasado, y que en la actualidad no permite un retiro digno?
- ¿a que áreas y sectores de la economía "estatal" hay que inyectarles recursos para inversión en infraestructura, o apropiación de tecnología y desarrollo de la ciencia?,
- ¿en que áreas y sectores de la economía hay que inyectar recursos cuyo objetivo es pagar deuda social en sentido estricto: viviendas, salud, nuevamente educación?,
-¿a que áreas y sectores de la economía del "sector privado" hay que inyectar recursos para inversión? o,
- ¿hay que inyectar recursos de todos y todas los chilenos y chilenas para la inversión de privados que después no pagan sus deudas cuando las adquieren, o no comparten sus ganancias con los trabajadores cuando les va bien?, en síntesis, ¿bajo que criterios de Estado se permitirá el acceso de privados a recursos públicos que son de todos los chilenos?, ¿es lo mismo entregar estos recursos económicos a un pequeño empresario que a un gran empresario?, ¿como se mide el impacto, el riesgo en estas inversiones? y ¿cual será la medida de ajuste al empleo en términos de calidad?
- ¿Cuánto de todo el monto se destina a ahorro para periodos de vacas flacas?
La verdad es que estos son los ingredientes “diciocheros” de la ciudadanía al celebrar las fiestas patrias en un contexto donde se le quiere poner atajo a los "chupa sangre" de siempre: una burguesía nacional financiera y capitalista que desde las grandes empresas e industrias (monopolios y oligopolios, consorcios y holding) todos los años depositan "delirantes" bonos gerenciales en bolsillos individuales por logros de ventas y de trabajos que deberían en justicia ser traspasables a todos quienes colaboran en la tarea y el logro de un objetivo laboral.
Sin miedo, sin ideología, sin tanto temor al pasado por nombrar al explotador y a la explotación, este gobierno por tener un compromiso de participación ciudadana asociado a un recambio en la cultura política tiene decisiones que envuelven dirección y conducción importantes que resolver. Y en efecto, tiene un parlamento, con actores que votarán dichos gastos públicos, los cuales no solamente en la derecha o la Alianza (RN y UDI) manifiestan intereses comprometidos con la burguesía financiera en la actualidad. Con todo respeto, también en la Concertación de Partidos por la Democracia los hay: en materia educacional (universidades, colegios), de salud (clínicas, isapres) de ciencia, de industrias como es el caso de la Celco y las salmoneras, en los medios de comunicación, en las concesionarias de todo tipo, en las afp, por lo tanto, el ejecutivo se enfrenta a una dura batalla que sin una "base social" atenta y movilizada bien puede perder negociaciones, rumbo y precisamente aquello en lo que se quiere ganar “democracia”.
Con todo lo anterior lo que se quiere precisar es que en efecto habrá movilizaciones de diferentes sectores para precisamente colocar y buscar relevar sus demandas. Y no todas son justas, no todas son equilibradas pero es precisamente sin miedo a ellas, y si defendiendo su carácter ciudadano, es que se podrá valorar la profundidad y la veracidad de su respectiva cuestión social.