En este contexto, se sugieren criterios para la realización de los cambios asociados a lo que está en juego, por una parte, la evaluación de la alta dirección pública nominada por la Presidenta en lo que va de los dos años de cuatro que hacen su mandato, las tareas pendientes suponiendo que se ponderan las promesas y compromisos de campaña, y los intereses de postulación a candidaturas de elección popular desde los actuales funcionarios públicos. En este, sentido y de manera clara la Presidenta ha dado un plazo perentorio: diciembre 2.007 para la renuncia voluntaria de todo aquel o aquella que aspire desde su gobierno algún cargo de elección. Con lo cual se indica que el ajuste y cambios no serán de una sola vez, sino que comenzaran en diciembre y serán por partes. En diciembre saldrán los primeros o primeras por voluntad propia, en enero del 2.008 se harán las evaluaciones de esos cambios, y las evaluaciones de los cargos a nivel nacional y regional de lo que hay en relación a las tareas que vienen y relevantes a concretizar en el periodo que queda, en febrero es probable que se hagan algunos cambios aunque por las vacaciones se entiende que los mismos sean pocos, y definitivamente tal vez al finalizar marzo se terminará dicho proceso.
En este horizonte temporal, cabe formular los criterios políticos y sociales que están en juego en términos de cultura política para la realización de estos ajustes o cambios que bien pudieran consolidar la profundización democrática ciudadana del estilo bacheletista. En principio por cierto está la variable “género”. Aunque las mujeres en cuanto movimiento social consciente de su condición continuara apoyando políticamente a la Presidenta, esto no significa que como tal no esperen nuevamente ser sacrificadas en términos de equidad, cuotas de participación en función del encuadre general de gobernabilidad que destaca el propio femicidio simbólico.
Más allá, están los criterios de recambio generacional y el fin del juego de las sillitas musicales o de la repetición del plato, el cual mezclado con el anterior (género) tuvo un buen punto de partida, pero a mitad de camino fue combinado con un cierto nepotismo por una parte, lo cual ha venido a reforzar la oligarquía democrática ya existente, y por otro lado, un cierto agotamiento del engranaje o del “aceitamiento” de las sillitas que dio como resultado una “suerte de aceptación piola de la corruptela” , que sigue teniendo su piedra de tope a la propia gerontocracia concertacionista que aspira a heredar el capital simbólico y social a los de su propio linaje, más la idea de que un profesional (tecnocracia) sirve en cualquier puesto de gobierno si tiene una visión o proyecto político.
Lo anterior deslinda finalmente en el criterio que combina profesionalismo, en un cierto sentido tecnocracia, necesaria a la gobernabilidad, y visión ética política del servicio público presente y elaborada en la cultura democrática “concertacionista” si es que pudiera llamársele, la cual por cierto se percibe como agotada. Es decir, los funcionarios que otrora -desde 1.990 en adelante-, actuaban bajo un supuesto básico que era la instalación y propagación de una cultura democrática, en la actualidad se ven traspasados en su propio modelo debido al vaciamiento de contenidos ético políticos a corto plazo. Todo ello incluso en el entendido que el género sería el soporte y aporte ciudadano de la actual construcción del orden social. Es decir, el aporte de este gobierno a la concertación es/sería la conciencia de género, la cual en la actual coyuntura se asfixia en su deseo o pulsión de avance por un circuito de reproducción del poder político concertacionista que la fija y obliga a mantener operando el conservadurismo en los criterios de selección.
Y llegamos entonces al problema de fondo sobretodo concentrado en la Democracia Cristiana que como partido de gobierno manifiesta una dificultad para elaborar y aplicar estos criterios democratizadores, y al interior de la cual se manifiesta cierta resistencia a otorgar y respetar el presidencialismo. En efecto, durante los dos años de mandato de la presidenta Bachelet, su gobierno ha tenido que enfrentar dos crisis de dos partidos políticos importantes de un total de cuatro que forman la base de sustentación: el PPD y la DC. Ambas crisis han sido larvadas durante años y se corresponden con intereses, propuestas, proyectos e ideas de liderazgos diferenciales y puestos en conflicto terminal precisamente por una cuestión de delimitar un espacio, una posición y una influencia hacia fuera y hacia dentro del propio partido. Es decir, dado que no se puede crecer hacia fuera, hacia la ciudadanía que aumenta su desafección, entonces se genera antropofagia hacia dentro por fijar y defender propiedad sobre el capital generado.
En este escenario, la pregunta obvia es ¿Cómo zanjara la actual presidenta este dilema? Puede optar por reinstalar al pragmatismo de los viejos tercios y no avanzar en la configuración de la estructura diferencial semántica de género como formato radical de ruptura al conservadurismo y profundización en la equidad. Puede optar por mantener lo que tiene, dando algunas pinceladas que mantengan la tonalidad de lo que hay, generando más desafección, dispersión, falta de cohesión social y una ambigüedad en torno a la cultura ciudadana a la cual se aspira. Puede combinar lo que hay con alguna osadía que llame al desafío suponiendo que las decisiones en el plano de la economía y las finanzas están estabilizadas. Son pocas las combinaciones y por cierto tal vez antes del año nuevo y al finalizar marzo, la mandataria ya nos las habrá despejado. Sabremos como ella querrá pasar a la historia.