Soy demócrata, plutócrata, burócrata… hipócrita y oligarca

Los fuegos cruzados por estrechez de mente y falta de oxigenación de las neuronas de la elite política principalmente de la concertación han marcado estos días, y por cierto se vino a la memoria una canción que popularizara Ángel Parra padre, hijo de la Violeta por allá por los 60-70 decía: soy demócrata, plutócrata, hipócrita…se agrega a los tiempos: burócrata y oligarca.
En efecto, pareciera ser que la capacidad de tener “altura de miras” que es lo que tradicionalmente se le exige a la derecha por ser la perdedora electoral durante estos 16 años, es al menos un valor ético que si poseen, dado que no se le reconoce la posesión de otros en esta suerte de empate en el uso de dineros públicos para campañas políticas en el pasado y en el presente. Y por cierto, todo ello, dada la incapacidad del oficialismo para mirarse a si mismo con precisamente “altura de miras”, reconocerse en sus interlocutores y salir con propuestas serias de tal pantano.
En este país intelectualmente chato, en vez de agradecer las declaraciones que sobre la historia reciente están haciendo personeros políticos como Jorge Schaulsohn, Gonzalo Martner y Edgardo Boeninger, en vez de tomarlas como un desafío, como una posibilidad de profundizar en derecho la democracia que hemos construido con tanto esfuerzo, lo mejor resulta ser construir una defensa discursiva sobre la máscara que incluye la hoguera y la satanización. Es decir, echándose más plata encima, más estuco. Pareciera ser que algunos, por cierto los menos, piensan que colocando la basura debajo de la alfombra se puede obtener mejores dividendos, sin embargo, lo que se observa en la opinión pública es que con distintos matices el tema de la “corruptela” ya se instaló como situación de crisis, y compleja en el cuarto gobierno de la Concertación; y la Presidenta tendrá que realizar un trabajo muy cuidadoso en lo que queda de su mandato si efectivamente no quiere dejar secuelas de nepotismo oligárquico y a estas alturas plutocrático, de redes y circuitos de funcionarios que ella misma ha debido trasladar y alimentar de algún modo hasta ahora a su gobierno.
Es cierto que no se puede poner en duda la legitimidad de la elección de la presidenta, así como la elección de los actuales senadores y diputados de la república, en eso, evidentemente que la derecha actúo con el tejo pasado. Sin embargo, y solamente como señal de que el tema de la corruptela vino para “ciudadanizarse” es curioso como el propio ex presidente Aylwin en entrevista al diario El Mercurio del domingo cita a su propio yerno como el encargado de definir este tipo de situaciones financieras durante su periodo, se refiere a Carlos Bascuñan, y en otros diarios se hace mención a Enrique Correa, su ex ministro.
En efecto, lo que comienza a quedar claro es que el modo de operar implica que la máxima autoridad no sepa, porque por cierto un presidente no puede hacer el trabajo de la cocina. El modus operandi supone entonces colocar a alguien de la “familia” y de confianza para que regle y administre aquellos “bajos” usos del dinero. De ahí ¿debemos entender entonces que durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle continuo el nepotismo y demasíes que se le enrostrara a Ricardo Lagos Escobar para el manejo financiero de los gastos reservados, los fondos para asignación directa, los gastos de campaña y la participación en empresas del Estado? Sin considerar aún los efectos del lobby en ambas cámaras.
Mientras J. Schaulsohn a través de una carta al Tribunal Supremo del PPD insiste en ir al detalle en relación con los primeros elementos de “corruptela” que emergieron con las indemnizaciones a directores de empresas del estado, entre los cuales estaba también Correos de Chile, etc. Y suma y sigue con la historia del jarrón de Corfo, MOP gate, Inverlink, etc.
En verdad, si todo lo anterior, designa un modo de comprensión y significación de la lealtad como el plus de un imperativo categórico moral propio a una cultura moderna y democrática que se instala y se construye para la vida ciudadana por sobre la dimensión de probidad, y donde por cierto se mezcla la forma de construir y hacer el poder político con ribetes patronales, propios a la organización hacendal, del sistema de inquilinaje y feudal, es más que justo, es razonable, solicitarle a la actual mandataria que precisamente, y aunque no le guste, entre a la cocina porque sería nefasto para el país, para las chilenas que votamos por ella, volver a encontrarnos con prácticas típicas de los film del Padrino en sus versiones I, II y III.
La única persona que tiene las riendas para controlar, proponer y zanjar esta situación es la actual mandataria porque es la única que aparece ante la opinión pública como limpia de esa historia “oficial concertacionista”. Por lo mismo, ojala ella pueda definitivamente cortar con este asunto que no da para ser sometido ni dejado a la confianza del inquilino sobretodo cuando se trata de parientes y de formas perversas de comprender la lealtad.
En este contexto, iniciamos el año nuevo bajo el dilema lealtad versus probidad en una cultura política democrática que necesita que la máxima autoridad de la nación tome la sartén por el mango y en la cocina.

Del cabildeo a la ideología de la corrupción

Interesante conversación generada sobre los dineros dados a los “gastos reservados” durante los gobiernos de la concertación, antes de la misma, y sobre como todo aquello ha llevado al uso de dos nomenclaturas “cabildeo” o “ideología” de la corrupción. Han hablado: un sub-secretario, un ministro y un diputado de ese periodo, entonces a estas alturas el panorama es claro. Se rescata de Schaulsohn (PPD) la puesta en escena de la cuestión ética en torno a la probidad. Así como de Martner, (PS) su precisión en torno a la forma del “intervencionismo electoral” desde los gastos reservados. De los tres, (se suma E. Boeninger, DC), la cuestión ética en relación a la aceptación implícita de una suerte de empate dada la enorme diferencia financiera con la derecha política asociada a la económica para estos afectos y efectos.
Es decir, nuevamente estamos discutiendo un pasado jugado, sancionado con cierto rayado de cancha, que no permite juicio en el sentido jurídico, pero si podría permitir opinión política en el entendido que el próximo año debieran armarse ya las máquinas electorales para las municipales porque ya se están armando las “cajas chicas” y no hay claridad sobre el rol de los operadores políticos todavía.
Y pareciera entonces que por encima “de todo y con todo” se zanja el punto. No alcanza a corrupción, aunque se trata de formas no trasparentadas de remunerar las actividades públicas y políticas, algunas border line con la cultura, las artes, la investigación, etc. En efecto, las influencias y su circulación del mundo de los negocios al político y viceversa, es difícil de precisar. Y lo que genera suspicacia es el silenciamiento del mundo empresarial y financiero en orden a precisar su participación por una parte, y el modo como el gobierno y la élite mandarina cierra filas “negando” la oscuridad y la discusión sobre la memoria, aunque sea de suyo evidente que no hay ilícito, y que si lo hubiera o hubiese ya prescribió.
Por cierto genera doble suspicacia porque no se puede sancionar la palabra, la pregunta, la interrogante de parte de la ciudadanía al menos en relación con el futuro. Al final moros y cristianos, laicos y masones están en esta suerte de olla criolla, mezclados, en el trasvasije de construir, definir, hacer la política mesocrática con dineros del gobierno y de la derecha económica.
Desde la Concertación, si se abre al menos un entre paréntesis para mirar la máscara esto debiera suponer: elaborar esa suerte de inocencia a-crítica con que se enfrenta, se encara, o se enmascara el asunto a nivel de la opinión pública, se encara o se enmascara el manejo de máquinas partidarias y políticas para campañas y para elecciones, sobretodo en un momento donde piensa legislarse sobre los recursos financieros en materia de Educación con la creación de la Superintendencia, en materia previsional, en materia de sub-contrataciones y las respectivas licitaciones.
Lo que interesa analizar para desactivar y sacar el juego de máscaras es la cultura ética distorsionada de aceptación que se ha evacuado durante estos 15 años de democratización como instalación de un modus operandi. Y es esa la cuestión central hacia la que se apunta cuando se habla de ideología, porque es esa misma “discursividad e imagocracia fatua” de negación de la máscara, lo que hace que se instale esta suerte de corrupción, es decir, el gobierno y algunos partidos políticos no quieren ver la máscara y prefieren “bailar con ella”. Mientras la ocultan, en tanto, juegan a reproducir, mantener y consolidar el vicio, la actividad del modo de operar (del operador político) valga la redundancia. Y es ahí, como en el pasado de Ricardo Lagos Escobar, donde tenemos el problema, porque no entramos a definir, a conversar organizadamente como partidos de la concertación, sobre lo que entenderemos por probidad, por transparencia, por lealtad, y chutamos la pelota… en el entendido que la máscara es la ética que generamos, deseamos y compartimos.
Es cierto que en el debate público existirá una tensión entre lo que tenemos, lo que podamos ver, y la fijación del limite imaginario posible hacia donde esperamos llegar como sociedad y comunidad. Es decir, tenemos un espacio democrático que nos da un piso, un suelo y un rayado limítrofe de evaluación y control para mirar lo que hemos construido. Los gastos reservados son lo que son y lo que han sido: “reservados”, lo cual no quiere decir que tengan que continuar siendo lo que fueron y lo que son: “reservados” porque es precisamente eso, y la máscara sobre eso, lo que hace que la ciudadanía lo observe como “corrupción o corruptela”. Es lo “reservado” lo que precisamente necesita “más” transparencia. Es una perogrullada.
La transparencia que se construyó en el pasado en el pacto con Longueira sirvió un tiempo breve, lo cual quiere decir que hemos avanzado en democracia porque ahora necesitamos más, la pregunta es entonces ¿Cuánto es lo que el gobierno y las directivas de los partidos de la concertación están dispuestos a conceder para el 2.008 en el entendido que está en juego de aquí al próximo año, la base electoral municipal, sustento de las otras elecciones incluida la presidencial que viene a posteriori, y que el presupuesto de los gastos reservados del 2.007 ya fue aprobada? Esto es como decir, que “cabildeo” tenemos para rato.

Constitución, la Elección de Alcalde y la Masonería

Por estos días debería realizarse definitivamente de entre los concejales, la elección para escoger al Alcalde, el cual por cierto debiera terminar el periodo después de la salida de Roberto Urrutia. Y por lo mismo, dada la situación en la cual se encuentra el Municipio, esta elección más que convocar intereses personales, individuales, egoístas, de corto plazo, debería ser vista como una oportunidad para recuperar la dignidad de los habitantes de Constitución y evaluar no solamente la gestión del otrora Alcalde concertacionista del cual la justicia ya diera su veredicto, sino también de quienes han pasado como Alcaldes subrogantes o suplentes, todos ellos de la derecha política hasta ahora, y durante los dos periodos en que como se ha observado, se interrumpió a aquel que fuese electo por sufragio popular.
En este contexto, sorprende entonces comenzar a escuchar rumores ciudadanos acerca de cómo la Respetable Masonería Comunal estaría fuertemente presionando para dilatar el proceso de elección, debido a que no se producen acuerdos entre miembros masones que aspiran llegar a la Alcaldía, o miembros masones que no quieren perder los cargos que han logrado obtener durante esta última gestión de suplencia, y que por cierto vienen también de épocas anteriores. Es decir, se trataría de una institución de orden espiritual que estaría amparando el clientelismo político en el espacio público.
Sin el ánimo de ofender, y con mucho respeto, asombra escuchar como personas o individuos involucran a una institución que tiene un prestigio mundial, internacional en relación con la calidad de sus miembros y los principios filosóficos que sustenta. En efecto, es de conocimiento público la suerte de secretismo que envuelven las prácticas de sus miembros, no solamente en el espacio propio a su ejercicio, la logia, sino en el espacio público y político lo que incluye apoyos, cooperación en orden a preservar la fraternidad de sus hermanos. Es de conocimiento público que tienen formas especiales de reconocerse entre ellos a través de signos en los modos de firmar, de colocar sus nombres para precisamente poder ayudarse cuando se requiera.
Y aunque históricamente esto ha sido una forma de instalación que ha ayudado a la circulación de un capital simbólico y social aspiracional, con movilidad social ascendente, es decir, una forma que ha permitido la circulación del reconocimiento, el prestigio, la honorabilidad, la honra de un determinado grupo de personas, preferentemente hombres, hacia y en el espacio público político, para precisamente destacar y preservarse, allí, donde el Estado Republicano Chileno había sido incapaz de establecer la debida separación con la Iglesia Católica; no se puede en la actualidad, usar estos mismos criterios para abonar a la “pitutocracia”, a la corrupción, a la falta de compromisos que sacan a relucir poderes fatuos y egoístas que no alcanzan a ser democráticos, ni mucho menos solidarios o fraternos, sino, poderes fácticos autoritarios y poco civiles.
En verdad, la cultura política democrática desde el gobierno de Ricardo Lagos y sobretodo en el actual gobierno de Michelle Bachelet viene dando muestras y señales claras en relación con la separación del criterio religioso católico de las decisiones que involucran gobernabilidad, ética, e incluso ciencia en beneficio de la ciudadanía. Por lo mismo, ya no se necesitan de formas de protección ni de padrinazgo que antaño, cuando la mayoría de los estadistas eran católicos confesionales, se necesitaban para progresar en Chile.
En la actualidad lo que la ciudadanía necesita es precisamente ampliarse en derechos humanos, en derechos cívicos y sociales, en respeto a las instituciones y a sus procedimientos, sobretodo cuando estas son frágiles por malos manejos financieros, ausencia de liderazgo, mediocridad en el trabajo técnico y profesional. Se necesita extender la fraternidad universal hacia la sociedad civil. En este mismo sentido entonces, lo que se espera de esfuerzos intelectuales como los que aporta la Masonería a la vida nacional y comunal, es precisamente que valore sus propias normas que históricamente son reconocidas como intachables en la aplicación a los hombres que integran su membresía. Y digo hombres porque aquí se trata de una institución espiritual machista. No como en otros países, Francia por ejemplo, donde se considera que las mujeres también tienen un lugar espiritual de desarrollo que aportar a la sociedad, al conocimiento y a la humanidad.
Dicha y expuesta de este modo el estado de la situación, es conveniente que cada ser humano asuma su responsabilidad política y pública ante la ciudadanía de acuerdo al Estado de Derecho, y por lo mismo que como sujetos individuales no se amparen en una institución espiritual de prestigio y renombre para ocultar sus errores (públicos). Así como la calidad que un miembro de la logia tiene de estar “en sueño” no se puede revocar, ni cambiar, ni alterar conforme procedimientos que son externos al orden y funcionamiento institucional. Es decir, no se pueden trasladar criterios del mundo ciudadano político al mundo masónico, ni modificar o alterar procedimientos que han sido decididos en instancias “privadas” esotéricas por circunstancias públicas y políticas.
Esto es como decir que, ojala los concejales sean capaces de respetar y considerar a las mayorías electorales a la hora de escoger al nuevo Alcalde y que el espiritualismo de los funcionarios públicos municipales si es que está presente, se oriente de una buena vez con una lógica altruista y de buen servicio público porque Constitución es eso lo que necesita.
Y por cierto, hasta la muerte del general es otra señal que esas relaciones tutelares políticas y sociales, autoritarias, construidas durante el oscurantismo de la dictadura para protegerse en estos tiempos se acaban. El tiempo de la vida humana se encarga de oxigenarlas.

De un Estado Cautivo

En la discusión sobre el presupuesto para el 2.007, el senador A. Allamand (RN) enfrentó las medidas de transparencia propuestas por el gobierno definiendo la situación actual que se vive con esta conceptualización política. Y de hecho frente a la opción de contratar a todos los funcionarios a honorarios que cumplen 12 meses o 10 meses en el Gobierno en la actualidad, preguntó: y “¿qué va a pasar con los que trabajan tres meses en una instancia del gobierno, después de los cuales son cambiados o emigran otros 3 meses para otra repartición, después de los cuales paran un mes o dos y re comienzan 3 meses en otra instancia o vuelven a la primera de la cual partieron, y cada una de ellas son dependientes de diferentes Ministerios pero todos al fin y al cabo son parte del gobierno hasta completar un año de trabajo a honorarios?”
Se agrega a lo anterior, la posible asociación que se puede hacer entre esta situación y la ley de subcontratación, que de acuerdo a la lectura por cierto es o resulta ser en algunos casos una falacia.
También y como forma de continuar con la transparencia poniéndole fin a esta suerte de corruptela clientelar, se ha solicitado al actual gobierno que entregue la nómina de los funcionarios a honorarios de todas sus reparticiones públicas y las coloque visible en sus respectivas páginas web institucionales.
En verdad, estas dos propuestas sumadas a la ley de subcontratación que busca aprobarse surgieron varias dudas y por cierto comentarios por ahora inexplicables. Es decir a las interrogantes del senador frente a lo cual se hizo un silencio en la sala de los legisladores, se sumaron otras por cuenta de la ciudadanía en la evaluación de sus propias experiencias de trabajo.
Por ejemplo: ¿Qué se entenderá por “gobierno” y “funcionarios públicos” para efecto de aplicación de la ley? ¿Se acogerán a esta condición de contratación los funcionarios municipales que históricamente son también funcionarios públicos y que en la actualidad trabajan “a contrata”, o “a proyecto”?. Los propios profesores municipalizados que cada año son contratados para prestar servicios en las respectivas escuelas o liceos municipales o particulares subvencionadas ¿son “funcionarios públicos” para efectos de esta ley?, ¿lo mismo corre para los funcionarios del área de la salud en los consultorios comunales u hospitales? O para aquellos que trabajan conforme a los planes de empleo que se van renovando cada tres meses, ¿corre para ellos la ley? Y ¿Cómo operara aquí la subcontratación cuando la intermediación la hace una OTEC, o una ex O.N.G.?
Pero hay más, ¿serán como lo son en la actualidad considerados funcionarios públicos los profesores, académicos de las universidades del consejo de rectores, es decir, las que provienen de las antiguas universidades públicas? Y ¿la ley servirá para re encasillar los servicios prestados por los llamados “profesores taxi” generados a partir de la privatización de la educación superior y la educación en general? Es decir, los que son contratados por semestre o trimestre a honorarios, sin considerar los meses de paralización de las universidades en enero y febrero?, ¿Son ellos también funcionarios públicos y esta ley o la de subcontratación podrá ampararlos?
En efecto, como bien se puede observar la situación del “Estado cautivo a una red de corruptela” requiere de redefiniciones mayores, complejas de lo que sea ser funcionario público en un Estado que se pretende sea de Bienestar en una periodo de hiper - modernización y de globalización. Se requiere de una visión de Estado y de gobierno acorde a su población, a su demografía, a las características de su ciudadanía, a su cultura política y al sistema de partidos vigente. No estamos hablando entonces de “situaciones de parche” que se arreglan transparentando determinados problemas usando las TIC o dictando leyes. Este son puntos no menores que ayudan, pero que no son suficientes porque lo que necesita Chile es precisamente repensar el Estado y el Gobierno acorde a los tiempos que se viven y a lo que ha generado su historia en los últimos 35 años de vida social y política.
Es este el desafío del actual gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet si efectivamente quiere revitalizar a la elite política, y a la coalición que hace de sustento al gobierno. Lo demás es estiércol.