De los Municipios y la Educación

Lilian Letelier Isla Orrego Constitución
El dinero que se les dará a los municipios para el tratamiento de las deudas, incluidas las que se les adeudan a los profesores por conceptos de salarios y capacitación no resuelve la cuestión de la evaluación de la administración, el financiamiento y el proyecto de calidad a nivel de la educación media, básica y pre – escolar, ni en general.
En efecto, la solución propuesta por la Subsecretaría de Desarrollo Regional dependiente del Ministerio del Interior que incluye un préstamo cuantioso a la Asociación de Municipios pagadero a partir de seis años conforme presentación de un proyecto de desarrollo sustentable, no resuelve ni sanciona la cuestión de fondo en relación con el proyecto de educación pública que se desea impulsar en el país en todos sus niveles y que resultará como fruto de las negociaciones a luz del Movimiento de los pingüinos.
Más bien es un parche que de aquí a diciembre puede y busca detener las movilizaciones estudiantiles y de los profesores, en el entendido que enero y febrero son meses "parados" desde el punto de vista escolar. Y además, inoficioso desde el punto de vista financiero en materia de salarios del conjunto de funcionarios al sistema. Puede dejar un municipio particular de pagarles sus remuneraciones, y como se está de vacaciones no se verá afectado el trabajo de aula ni tampoco tendrá impacto nacional.
Sin embargo, desde el punto de vista del gobierno se parte del supuesto de que existe una buena intención de los Alcaldes al pedir los recursos, gerenciarlos, administrarlos y distribuirlos conforme las reales necesidades detectadas y urgentes. Mientras tanto, la Comisión de Educación busca parir una propuesta que satisfaga los intereses:
- de los privados ya instalados en el sistema educacional en términos institucionales con ofertas de mercado,
- de los particular subvencionados cuyo "contexto de producción y de gestión" está seriamente puesta en duda porque no se consiguen concordar criterios para que continúen recibiendo financiamiento público dado que a la fecha reciben aportes de todos los chilenos y chilenas y siguen siendo particulares en términos de gestión, administración financiera, lucro y repartición de ganancias,
- y finalmente de los actores educacionales del sistema municipal subvencionado que por cierto son el punto critico y de tope de la LOCE.
En verdad, a partir de las demandas sociales que han sido articuladas durante el año 2.006, hay muchos municipios en el país que están usando la situación de la educación para solicitar al estado y al gobierno recursos para su propia administración. De hecho instrumentalizaron la situación y lo consiguieron. Sin considerar que hay otra sector político de los municipios que continua defendiendo la idea que dicha instancia de gobierno local, es la que debe ser potenciada para proyectar un modelo de educación democratizadora, laica, humanista y de calidad. Por lo tanto este sector defiende con fuerza la idea de mantener la educación en el municipio. Ambas posturas están unidas y camufladas en la Asociación de Municipios, actúan de manera corporativa y por ahora a la espera de la repartición de dineros del conjunto de millones que la SUBDERE entregará.
Se aclara está situación porque dos de los actores más relevantes de la LOCE a nivel municipal, es decir, estudiantes secundarios y profesores integrados al colegio de la orden o no, tienen un juicio político y decisiones ya tomadas en relación con la evaluación de la educación municipalizada. Para estos sectores no menores en número, este modelo regido por la LOCE es un fracaso y la gestión, planificación, gerencia del municipio también lo es. En este contexto, la demanda que se hace al país y que está siendo representada en la comisión es que el Ministerio de Educación se haga parte a través de la creación de instancias regionales comandadas incluso por las respectivas intendencias, de la educación secundaria, básica y pre básica previo acuerdo de la derogación de la LOCE, el término de la educación particular subvencionada y la determinación de criterios para evaluar lo ya existente en materia institucional al respecto, porque de lo que se trata es precisamente de controlar, verificar que se está haciendo con los dineros públicos que van a dar a manos de corporaciones privadas de gerencia de la educación particular subvencionada.
Es más, este sector de actores también ha planteado la re estructuración de la educación superior en el sentido de devolver al Ministerio de Educación el rol estratégico de planificación para proveer recursos económicos en función de lo que el país en términos de profesionales y técnicos necesita y no entregar ni estimular a instancias autónomas en financiamiento y en vinculo institucional la evaluación de carreras, programas educacionales. Se trata, de la definición de un proyecto de calidad en educación que abarque y trabaje efectivamente teniendo un sentido y una practica de lo “público” estatal nacional, en coherencia, concordancia y consistencia con el financiamiento sobretodo considerando que el aporte es de todos los chilenos y chilenas.