Algunos aprendizajes que se pueden tener en relación con el gobierno burocrático militar y el quiebre institucional del 73 es por sobretodo que la burguesía mandatada vía sufragio, es decir política, y la burguesía económica y militar siempre deberán y de hecho han llegado a acuerdos políticos de gobernabilidad antes y después de una crisis. Dichos acuerdos deben producirse para limitar, acotar la democracia.
En el contexto actual de Chile, esto es, aclarar el rol tutelar, clientelar de un Estado Republicano en términos de inclusión, acceso, del pueblo, entiéndase obrero, sectores sociales que aportan principalmente con su fuerza de trabajo manual y brazal al sistema productivo por una parte, y al sistema político en términos de votos para un gobierno por otra.
Es decir, la burguesía necesita concordar como en democracia se reproducen las formas de ampliación de sus redes "familiares", precisamente cuando al calor del proceso de democratización en curso se han abierto compuertas de participación, todo ello, en orden a la transparencia de la administración del Estado, en el entendido que hay dudas acerca de la solvencia, consistencia, coherencia de la acción social ejecutable por “vía clientelar”, es decir, ejecutada vía familias construidas por lazos de parentesco, o adscripción a familias de partidos políticos, o familias religiosas, o definitivamente familias de apadrinamiento por pago de favores políticos a mandatarios (senadores, diputados), representantes del ejecutivo (ministros y su red de funcionalismo) al interior del gobierno, etc.
En efecto, el Senador Hernán Larraín, actual presidente de la Unión Democrática Independiente (Udi) y fiel representante de la burguesía política aristocratizante y criolla de esta país, señaló a la opinión pública que este acuerdo sería posible en la medida que la actual presidenta Michelle Bachelet retire del aparato de gobierno a todos los “operadores políticos”.
A diferencia de Lagos que como buen burgués, gentil hombre, dejó espacio a los empresarios para que mantuvieran sus empresas, en medio de las cuales la burguesía de su propio linaje prosperó y se instaló en la historia de Chile, la actual mandataria aún no sanciona el punto, o si se prefiere la posición de su propia inserción burguesa justificable por su doble inserción (militar y partidaria - socialista) como proyecto. Y es esto lo que preocupa a la derecha en su burguesía económica, y por cierto política de aquí al 2.010 dado que ya en el 2.007 comienzan las largadas de carrera para las elecciones municipales, base y anclaje a su vez de nichos de votantes y de intenciones de proyección política.
En honor a la verdad, todos o muchos de los programas de gobierno como Chile Deporte, Chile Califica, Programa Puente, Chile Solidario, Fosis, Sence, Programas de desarrollo y emprendimiento rural, Programas de empleo, por mencionar algunos de los más conocidos, vienen funcionando con operadores políticos de la Concertación, de los partidos, y de los propios parlamentarios a nivel regional desde 1.990 en adelante. Esto es como reconocer una vez más la existencia de la famosa nomenclatura a nivel de los cargos superiores del Estado, entiéndase directores de empresa, embajadas, etc., y la función del operador político más acotada a rangos intermedios y menores del aparato del Estado y su respectiva burocracia.
Siendo justos entonces, es la primera vez que a la actual presidenta, y a su equipo de gobierno, le toca hacerse cargo de definir la hacienda para el próximo año, y sobre la misma se encuentra con que hay problemas serios de manejo, gerencia y administración.
Esto es como decir, que el senador Larraín atinó al poner el acento en los “operadores políticos” como tema de conversación y delimitación de lugar en los procesos de democratización, vía acción social de una política pública, preferentemente solidaria de parte de un Estado de Bienestar, pero el punto es que no será la actual mandataria quién resuelve, ni decide sobre lo mismo. Son los partidos, son los mandatados por sufragio popular de la Concertación, es decir sus colegas, los que deben transparentar quienes son sus operadores políticos regionales, porque fueron ellos junto a los ministros los que seleccionaron en cada lugar el aparato de gobierno que representaría al ejecutivo, preservando sus intereses por cierto al iniciarse el mandato de M. Bachelet. La cual por cierto, actúa confiada en relación con la información que recibe, y no anda revisando el currículo de cada ciudadano que se le acerca mientras anda de campaña electoral, es decir, no mira el hilo fino de una red de clientela que lleva 15 años en el gobierno. Mientras, la derecha tal vez no la necesita porque para eso tiene el dinero de fundaciones o de sus empresas que bien puede utilizar y regalar para obtener votos. Esto es como decir que hay empate aunque este no le haga bien a la salud de la democracia.
En el contexto actual de Chile, esto es, aclarar el rol tutelar, clientelar de un Estado Republicano en términos de inclusión, acceso, del pueblo, entiéndase obrero, sectores sociales que aportan principalmente con su fuerza de trabajo manual y brazal al sistema productivo por una parte, y al sistema político en términos de votos para un gobierno por otra.
Es decir, la burguesía necesita concordar como en democracia se reproducen las formas de ampliación de sus redes "familiares", precisamente cuando al calor del proceso de democratización en curso se han abierto compuertas de participación, todo ello, en orden a la transparencia de la administración del Estado, en el entendido que hay dudas acerca de la solvencia, consistencia, coherencia de la acción social ejecutable por “vía clientelar”, es decir, ejecutada vía familias construidas por lazos de parentesco, o adscripción a familias de partidos políticos, o familias religiosas, o definitivamente familias de apadrinamiento por pago de favores políticos a mandatarios (senadores, diputados), representantes del ejecutivo (ministros y su red de funcionalismo) al interior del gobierno, etc.
En efecto, el Senador Hernán Larraín, actual presidente de la Unión Democrática Independiente (Udi) y fiel representante de la burguesía política aristocratizante y criolla de esta país, señaló a la opinión pública que este acuerdo sería posible en la medida que la actual presidenta Michelle Bachelet retire del aparato de gobierno a todos los “operadores políticos”.
A diferencia de Lagos que como buen burgués, gentil hombre, dejó espacio a los empresarios para que mantuvieran sus empresas, en medio de las cuales la burguesía de su propio linaje prosperó y se instaló en la historia de Chile, la actual mandataria aún no sanciona el punto, o si se prefiere la posición de su propia inserción burguesa justificable por su doble inserción (militar y partidaria - socialista) como proyecto. Y es esto lo que preocupa a la derecha en su burguesía económica, y por cierto política de aquí al 2.010 dado que ya en el 2.007 comienzan las largadas de carrera para las elecciones municipales, base y anclaje a su vez de nichos de votantes y de intenciones de proyección política.
En honor a la verdad, todos o muchos de los programas de gobierno como Chile Deporte, Chile Califica, Programa Puente, Chile Solidario, Fosis, Sence, Programas de desarrollo y emprendimiento rural, Programas de empleo, por mencionar algunos de los más conocidos, vienen funcionando con operadores políticos de la Concertación, de los partidos, y de los propios parlamentarios a nivel regional desde 1.990 en adelante. Esto es como reconocer una vez más la existencia de la famosa nomenclatura a nivel de los cargos superiores del Estado, entiéndase directores de empresa, embajadas, etc., y la función del operador político más acotada a rangos intermedios y menores del aparato del Estado y su respectiva burocracia.
Siendo justos entonces, es la primera vez que a la actual presidenta, y a su equipo de gobierno, le toca hacerse cargo de definir la hacienda para el próximo año, y sobre la misma se encuentra con que hay problemas serios de manejo, gerencia y administración.
Esto es como decir, que el senador Larraín atinó al poner el acento en los “operadores políticos” como tema de conversación y delimitación de lugar en los procesos de democratización, vía acción social de una política pública, preferentemente solidaria de parte de un Estado de Bienestar, pero el punto es que no será la actual mandataria quién resuelve, ni decide sobre lo mismo. Son los partidos, son los mandatados por sufragio popular de la Concertación, es decir sus colegas, los que deben transparentar quienes son sus operadores políticos regionales, porque fueron ellos junto a los ministros los que seleccionaron en cada lugar el aparato de gobierno que representaría al ejecutivo, preservando sus intereses por cierto al iniciarse el mandato de M. Bachelet. La cual por cierto, actúa confiada en relación con la información que recibe, y no anda revisando el currículo de cada ciudadano que se le acerca mientras anda de campaña electoral, es decir, no mira el hilo fino de una red de clientela que lleva 15 años en el gobierno. Mientras, la derecha tal vez no la necesita porque para eso tiene el dinero de fundaciones o de sus empresas que bien puede utilizar y regalar para obtener votos. Esto es como decir que hay empate aunque este no le haga bien a la salud de la democracia.
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