Centralismo Educacional: Una discusión de Coyuntura

Un estudio sobre la educación media y básica a nivel país publicitada por El Mercurio y la Tercera en el último mes y que muestra los comportamientos del “consumo en el mercado educacional nacional” desde el año 2.001 al 2.005 ha buscado por cierto aportar en conocimiento a la opinión pública, a los consumidores, los agentes, actores del proceso educativo en momentos de debate nacional. En efecto, el estudio in comento indica una baja en torno al 5% de la matrícula de los liceos y escuelas municipalizadas y un aumento del mismo 5% de parte de los colegios particulares subvencionados.
Sin embargo, y es aquí donde radica el “quid del asunto”, buscar o pretender instalar interpretaciones en relación a la “baja” que experimenta el sector municipalizado para orientar al Estado en materia de potenciar inversiones, consolidar y privilegiar a lo particular subvencionado a partir de este 5 % es otra cosa que no obedece ni ayuda por cierto a sincerar y buscar verdaderos mecanismos de salida a la situación de la educación municipalizada. Menos aún cuando a lo anterior se suma una cierta complacencia y recriminación de cara al proceso de negociación que los profesores del sector están realizando con el Ministerio por sus salarios para el año que viene durante el mes de septiembre. Este comportamiento no es sincero en sus intenciones, no es sincera la interpretación, y no lo es tampoco la intervención de algunos liderazgos de expertos porque termina siendo tendenciosa y nuevamente demagógica estadísticamente sobretodo si apunta a mostrar “déficit de liderazgo” usando la portada de un diario.
La baja de un 5% del sector municipalizado no significa necesariamente que eso sea sustentable y proyectable en el tiempo. De aquí a 5 años más, evidentemente que este comportamiento tenderá a estabilizarse por diferentes razones, entre otras, porque la mayoría de la población no tiene ni tendrá el dinero suficiente para pagar un establecimiento particular subvencionado, y porque la medición y evaluación docente también puede arrojar y detectar problemas en la calidad de la docencia allí. O por otras razones.
En efecto, en un momento en que los profesores del sector municipalizado paralizan y anuncian una serie de movilizaciones para trasparentar a la opinión pública la situación salarial de la cual son objeto, no es neutro observar estas pequeñas distorsiones que buscan posicionar sus peticiones como “indignas e injustificadas”.
A lo anterior se suma además las palabras de la sub secretaria de la cartera Pilar Romaguera y de la Ministra, durante las paralizaciones de clases del día 12 de septiembre en orden a que $ 370.000.000 millones de pesos le costaría al Estado las demandas de los profesores y que por cierto “serían injustificadas”. ¡Como si fuera una injusticia pedir asignación y reconocimiento por el título profesional en una instancia del Estado! ¡Como si fuera injusticia pedir aumento salarial y mejoras en la administración después de toda el agua corrida bajo el puente durante este año! ¡Como si la historia no enseñara y no se aprendiera! Además se hace con declaraciones ñoñas, formateadas, sin contenido, sin creatividad, sin lucidez, sin creatividad. Una reiteración política y lingüística que no innova, no trasparenta y rebaja más el nivel de las relaciones con la ciudadanía.
En verdad, los profesores del sector municipalizado están en una situación frágil institucionalmente dado que su empleador, los alcaldes, en muchos casos no les garantizan el salario más allá de diciembre, dados los niveles de endeudamiento que mantienen, dado además la mala gerencia que recae en las direcciones comunales de educación puesto que en muchos casos se dejan de pagar las previsiones y las cotizaciones en salud que registran lagunas y endeudamientos serios. Por cierto también durante la movilización de los pingüinos muchos de ellos señalaron claramente que el gobierno debe entregar recursos para mejorar la situación educacional a nivel de las comunas, han señalado que no quieren hacerse más cargo de la administración de la educación, y en muchos casos no manifiestan compromiso democrático con el desarrollo institucional de la educación a nivel local. Basta ver el préstamo que hizo la SUBDERE.
Por otra parte, y como detalle no menor, los empresarios, la derecha política y económica mayoritariamente y algunos empresarios liberales afines a la concertación cada vez que se habla de la modificación de la LOCE y el restablecimiento del Derecho a la Educación garantizado desde el Estado, enfatizan en la idea de eliminar algunas garantías del estatuto docente, así como, revisar los contratos para flexibilizar el empleo y la compleja evaluación del desempeño docente en un marco sistémico de aplicación de reglas y procesos burocráticos costosos en demasía y no libres de instalación de redes de corruptela. Como si fuera poco, todo ello en un contexto donde en los últimos 25 años derivados de la privatización de la educación superior, el proceso de autonomía de los centros privados, etc., la calidad de las pedagogías en materia de entrega de títulos está para “mascar lauchas”. Y como se ha dicho tantas veces, la cirugía mayor tiene que hacerse en el sistema educacional, y frente a las movilizaciones de los profesores, el Estado no puede esconder la cabeza como el avestruz. Debe mostrar conducción y señalar cuales serán los caminos a seguir con la educación pública. Y deber hacerlo ya porque los alumnos y los profesores saben que llegado diciembre no tienen mecanismos ciudadanos que movilizar.