En la discusión sobre el presupuesto para el 2.007, el senador A. Allamand (RN) enfrentó las medidas de transparencia propuestas por el gobierno definiendo la situación actual que se vive con esta conceptualización política. Y de hecho frente a la opción de contratar a todos los funcionarios a honorarios que cumplen 12 meses o 10 meses en el Gobierno en la actualidad, preguntó: y “¿qué va a pasar con los que trabajan tres meses en una instancia del gobierno, después de los cuales son cambiados o emigran otros 3 meses para otra repartición, después de los cuales paran un mes o dos y re comienzan 3 meses en otra instancia o vuelven a la primera de la cual partieron, y cada una de ellas son dependientes de diferentes Ministerios pero todos al fin y al cabo son parte del gobierno hasta completar un año de trabajo a honorarios?”
Se agrega a lo anterior, la posible asociación que se puede hacer entre esta situación y la ley de subcontratación, que de acuerdo a la lectura por cierto es o resulta ser en algunos casos una falacia.
También y como forma de continuar con la transparencia poniéndole fin a esta suerte de corruptela clientelar, se ha solicitado al actual gobierno que entregue la nómina de los funcionarios a honorarios de todas sus reparticiones públicas y las coloque visible en sus respectivas páginas web institucionales.
En verdad, estas dos propuestas sumadas a la ley de subcontratación que busca aprobarse surgieron varias dudas y por cierto comentarios por ahora inexplicables. Es decir a las interrogantes del senador frente a lo cual se hizo un silencio en la sala de los legisladores, se sumaron otras por cuenta de la ciudadanía en la evaluación de sus propias experiencias de trabajo.
Por ejemplo: ¿Qué se entenderá por “gobierno” y “funcionarios públicos” para efecto de aplicación de la ley? ¿Se acogerán a esta condición de contratación los funcionarios municipales que históricamente son también funcionarios públicos y que en la actualidad trabajan “a contrata”, o “a proyecto”?. Los propios profesores municipalizados que cada año son contratados para prestar servicios en las respectivas escuelas o liceos municipales o particulares subvencionadas ¿son “funcionarios públicos” para efectos de esta ley?, ¿lo mismo corre para los funcionarios del área de la salud en los consultorios comunales u hospitales? O para aquellos que trabajan conforme a los planes de empleo que se van renovando cada tres meses, ¿corre para ellos la ley? Y ¿Cómo operara aquí la subcontratación cuando la intermediación la hace una OTEC, o una ex O.N.G.?
Pero hay más, ¿serán como lo son en la actualidad considerados funcionarios públicos los profesores, académicos de las universidades del consejo de rectores, es decir, las que provienen de las antiguas universidades públicas? Y ¿la ley servirá para re encasillar los servicios prestados por los llamados “profesores taxi” generados a partir de la privatización de la educación superior y la educación en general? Es decir, los que son contratados por semestre o trimestre a honorarios, sin considerar los meses de paralización de las universidades en enero y febrero?, ¿Son ellos también funcionarios públicos y esta ley o la de subcontratación podrá ampararlos?
En efecto, como bien se puede observar la situación del “Estado cautivo a una red de corruptela” requiere de redefiniciones mayores, complejas de lo que sea ser funcionario público en un Estado que se pretende sea de Bienestar en una periodo de hiper - modernización y de globalización. Se requiere de una visión de Estado y de gobierno acorde a su población, a su demografía, a las características de su ciudadanía, a su cultura política y al sistema de partidos vigente. No estamos hablando entonces de “situaciones de parche” que se arreglan transparentando determinados problemas usando las TIC o dictando leyes. Este son puntos no menores que ayudan, pero que no son suficientes porque lo que necesita Chile es precisamente repensar el Estado y el Gobierno acorde a los tiempos que se viven y a lo que ha generado su historia en los últimos 35 años de vida social y política.
Es este el desafío del actual gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet si efectivamente quiere revitalizar a la elite política, y a la coalición que hace de sustento al gobierno. Lo demás es estiércol.
Se agrega a lo anterior, la posible asociación que se puede hacer entre esta situación y la ley de subcontratación, que de acuerdo a la lectura por cierto es o resulta ser en algunos casos una falacia.
También y como forma de continuar con la transparencia poniéndole fin a esta suerte de corruptela clientelar, se ha solicitado al actual gobierno que entregue la nómina de los funcionarios a honorarios de todas sus reparticiones públicas y las coloque visible en sus respectivas páginas web institucionales.
En verdad, estas dos propuestas sumadas a la ley de subcontratación que busca aprobarse surgieron varias dudas y por cierto comentarios por ahora inexplicables. Es decir a las interrogantes del senador frente a lo cual se hizo un silencio en la sala de los legisladores, se sumaron otras por cuenta de la ciudadanía en la evaluación de sus propias experiencias de trabajo.
Por ejemplo: ¿Qué se entenderá por “gobierno” y “funcionarios públicos” para efecto de aplicación de la ley? ¿Se acogerán a esta condición de contratación los funcionarios municipales que históricamente son también funcionarios públicos y que en la actualidad trabajan “a contrata”, o “a proyecto”?. Los propios profesores municipalizados que cada año son contratados para prestar servicios en las respectivas escuelas o liceos municipales o particulares subvencionadas ¿son “funcionarios públicos” para efectos de esta ley?, ¿lo mismo corre para los funcionarios del área de la salud en los consultorios comunales u hospitales? O para aquellos que trabajan conforme a los planes de empleo que se van renovando cada tres meses, ¿corre para ellos la ley? Y ¿Cómo operara aquí la subcontratación cuando la intermediación la hace una OTEC, o una ex O.N.G.?
Pero hay más, ¿serán como lo son en la actualidad considerados funcionarios públicos los profesores, académicos de las universidades del consejo de rectores, es decir, las que provienen de las antiguas universidades públicas? Y ¿la ley servirá para re encasillar los servicios prestados por los llamados “profesores taxi” generados a partir de la privatización de la educación superior y la educación en general? Es decir, los que son contratados por semestre o trimestre a honorarios, sin considerar los meses de paralización de las universidades en enero y febrero?, ¿Son ellos también funcionarios públicos y esta ley o la de subcontratación podrá ampararlos?
En efecto, como bien se puede observar la situación del “Estado cautivo a una red de corruptela” requiere de redefiniciones mayores, complejas de lo que sea ser funcionario público en un Estado que se pretende sea de Bienestar en una periodo de hiper - modernización y de globalización. Se requiere de una visión de Estado y de gobierno acorde a su población, a su demografía, a las características de su ciudadanía, a su cultura política y al sistema de partidos vigente. No estamos hablando entonces de “situaciones de parche” que se arreglan transparentando determinados problemas usando las TIC o dictando leyes. Este son puntos no menores que ayudan, pero que no son suficientes porque lo que necesita Chile es precisamente repensar el Estado y el Gobierno acorde a los tiempos que se viven y a lo que ha generado su historia en los últimos 35 años de vida social y política.
Es este el desafío del actual gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet si efectivamente quiere revitalizar a la elite política, y a la coalición que hace de sustento al gobierno. Lo demás es estiércol.
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