La memoria es una alma en pena: El patio 29

Lilian Letelier

¿Sabía usted que el patio 29 se ubica al interior del Cementerio General? Y que ¿el Instituto Médico Legal es una entidad que identifica muertos humanos chilenos? Si. Ambas son dos entidades públicas ubicadas en la capital Santiago y han salido a la palestra pública en relación con la acción y el trabajo desarrollado en conjunto durante el periodo comprendido entre los años 1973 y 1989, y el periodo comprendido entre los años 1.990 y 2.006 en relación con el entierro “clandestino” y posterior exhumación de restos “legales” evidentemente para la “supuesta identificación” de cadáveres que fueron colocados allí de, hasta 3 en una sola fosa, durante el gobierno de Augusto Pinochet, así como, el trabajo de investigación y el uso del frigorífico donde se encontraron 14 cadáveres de detenidos desaparecidos. Raro. Se trata de ¿otro cementerio pero de cadáveres congelados?

De lo expuesto por la abogada Pamela Pereira ante la comisión de la cámara de Diputados que investiga los hechos se desprende que, el gobierno burocrático militar destinó esta sección del cementerio general, se entiende el patio 29, para uso exclusivo de los tiempos de “excepción”. Allí se fueron a dejar, “tirar”, “esconder” ¿Cómo saberlo? todos los muertos que fueron ejecutados durante los primeros días, posteriores al 11 de septiembre, en la calle, en el río Mapocho, o en los lugares de detención. Son los muertos “a la bolea”. O por efecto del disparo a la bandada. En efecto, se piensa que muchos de ellos no pertenecían a partidos políticos de izquierda lo que implicó que posteriormente fueran significativamente “olvidados” y no se hiciera seguimiento caso a caso. Algunos de ellos correspondían a muertos /ejecutados /asesinados durante el toque de queda o en “supuestos” enfrentamientos en poblaciones durante el resto del 73. Y por cierto, la forma administrativa de acceso al Cementerio General en lo que respecto al lugar in comento quedaba bajo el mando directo del coronel de la época, el cual a cualquier hora podía hacer entrar al personal armado a depositar restos humanos alrededor de 130 en total.

En concordancia con el Instituto Médico Legal, en su frigorífico, se guardaron otros 14 cadáveres que solamente salieron para su identificación en 1.990-1.991 durante el gobierno de Aylwin precisamente cuando se descubre a través de una resolución judicial la existencia de este patio 29 “clandestino de identidades” y que ordena consecuentemente con ello, la exhumación y reconocimiento. Como parte de la colada o como pelo de la cola del Instituto Médico Legal agrega al trabajo estos 14 que habían quedado “bajo la ley del hielo”.

En 1994 y por otra orden judicial se comienza “re orienta” la tarea de identificación dado que se asume “con sorpresa” que en Chile no hay peritos, expertos para investigar en el tema. Es decir, no hay antropólogos, no hay médicos, no hay sociólogos, sicólogos, no hay ciencia que de acogida y que pueda resolver “nuestros problemas” en relación con la memoria de lo que ha sido la violación a los derechos humanos. Chile no tiene tecnología ni ha desarrollado los procedimientos científicos que permitan arribar a la verdad. Las universidades públicas hoy del Consejo de Rectores no poseen este acerbo, no disponen de lo que se necesita. En este contexto, la otrora ministra de Justicia Soledad Alvear, en el año 1.995 destina un monto de recursos para solicitar a la Universidad de Glaslow (Inglaterra) que por favor inicie el proceso de investigación para lo mismo se comienzan a recoger muestras de sangre que permita revisar y cotejar información, así como se envían restos óseos al extranjero.

Sin embargo, la memoria se va por el laberinto de lo que sea tal vez la soledad de los muertos, porque se cambian o se pierden o se evaporan las muestras sanguíneas de los familiares de los restos y también la identificación que se hace en Chile. Y pasan 10 años hasta el 2.006, tiempo transcurrido en el cual se entregan restos a los familiares y algunos son acompañados simbólicamente como es el caso de Poli Paris a quien acompañe personalmente en la Universidad de Chile. Y otros más discretos, al memorial también ubicado en el Cementerio General.

En verdad, no hay palabras. No hay explicaciones. No hay nada que comprender. Solo desolación por la precariedad de lo que somos como comunidad científica que al descubierto no hemos abierto la boca ante la opinión pública. Y que conste que esa identificación terminal sobre nuestra educación superior y su investigación hace tiempo que se hizo. Resta saber si individualmente ¿tenemos que pedir disculpas a la sociedad por la circunstancia de ser lo que somos? O ¿también es responsabilidad del Estado no haber desarrollado la ciencia y la tecnología necesaria?