Se ha entregado el primer pre - informe de la Comisión de Educación no exenta de problemas de posturas más allá de los dos consensos básicos que se refieren a: la importancia del rol del Estado por una parte, y la continuidad de la educación mixta dada la tradición.
En efecto, sobre el primer acuerdo resta definir que entenderemos por el rol de un Estado de Bienestar en el siglo XXI en esta materia con la contraparte de precisamente comprender que se viene de una visión que recortó al Estado durante el gobierno de Augusto Pinochet por considerarlo obstaculizador del emprendimiento individual por una parte, y en todo orden entonces se deberá definir que se entenderá como su rol en la educación (básica, media y superior). En lo que respecta a lo segundo, es decir a la manutención de un sistema mixto, es interesante discutir el sistema de regulación que lo regirá en el entendido que el concepto de “autonomía” propuesto ya para el sistema de educación superior es una categoría sumamente elástica, compleja, contradictoria y muchas veces en materia económica, discordante con la “calidad” que se busca como objetivo a lograr.
Históricamente en Chile, desde 1.990, la experiencia de donación y el logro de la autonomía a nivel superior, así como el funcionamiento autónomo de los consejos evaluadores no ha sido transparente a la ciudadanía o si se prefiere hacia los consumidores de educación. No se sabe como dichos consejos obtienen su financiamiento para pagar el trabajo de los evaluadores, no se sabe sobre que criterios de competencia fueron asignados los evaluadores, ni como ni porque se mantienen en sus cargos de manera vitalicia. No se sabe tampoco de manera transparente, como es el negocio, así mismo como opera la entrega de autonomía y acreditación ante el país de profesiones, entre las cuales están por cierto las tan mal evaluadas pedagogías. En este contexto, resulta interesante precisamente debatir en serio no solamente las instancias que desde el Estado, vía Ministerio van a llevar a cabo este cambio, sino cuales son los criterios que a nivel regional, social, político y de competencias conducirán las transformaciones, así como, las instancias que se proponen para orientar el proceso.
En este mismo sentido, no es un detalle menor que lo que en primer lugar se distingue como puntos controversiales en el informe es precisamente la diferencia entre el lenguaje, la visión y postura de los expertos, técnicos con aspiraciones políticas y el lenguaje y visión del mundo social comprometido con los problemas de la educación. De un lado están los acuerdos de los sectores sociales que viven desde dentro el problema educacional, entiéndase, alumnos, estudiantes, profesores, para docentes, trabajadores del sistema educacional que por cierto tienen la experiencia desde los años 80 de la Ley LOCE para los cuales es evidente la importancia del rol del Estado en esta materia y en relación con el desarrollo y progreso del país Y por otro lado están, los tecnócratas, antiguos resabios de aristócratas platónicos, que buscan hacer, diseñar, las políticas públicas desde las influencias en la burocracia estatal y el secretismo. Como siempre generando acuerdos entre bambalinas, negando los acuerdos de mayorías, dificultando la democracia y la participación de las mayorías.
Estas dos visiones antagónicas confrontadas en la comisión no hacen sino expresar como tantas veces en Chile, el rol de la burguesía intelectual generadora de un conocimiento acomodaticio a sus intereses y difícilmente del lado de los sectores populares que lo necesitan.
Ciertamente está visión se representará en ambas cámaras y para variar volveremos a ver quién es quién de cara a la decisión de derogar la LOCE. Difícil gobierno para una presidenta que pide “estar en la base social” y “trabajar para la base social”.
En efecto, sobre el primer acuerdo resta definir que entenderemos por el rol de un Estado de Bienestar en el siglo XXI en esta materia con la contraparte de precisamente comprender que se viene de una visión que recortó al Estado durante el gobierno de Augusto Pinochet por considerarlo obstaculizador del emprendimiento individual por una parte, y en todo orden entonces se deberá definir que se entenderá como su rol en la educación (básica, media y superior). En lo que respecta a lo segundo, es decir a la manutención de un sistema mixto, es interesante discutir el sistema de regulación que lo regirá en el entendido que el concepto de “autonomía” propuesto ya para el sistema de educación superior es una categoría sumamente elástica, compleja, contradictoria y muchas veces en materia económica, discordante con la “calidad” que se busca como objetivo a lograr.
Históricamente en Chile, desde 1.990, la experiencia de donación y el logro de la autonomía a nivel superior, así como el funcionamiento autónomo de los consejos evaluadores no ha sido transparente a la ciudadanía o si se prefiere hacia los consumidores de educación. No se sabe como dichos consejos obtienen su financiamiento para pagar el trabajo de los evaluadores, no se sabe sobre que criterios de competencia fueron asignados los evaluadores, ni como ni porque se mantienen en sus cargos de manera vitalicia. No se sabe tampoco de manera transparente, como es el negocio, así mismo como opera la entrega de autonomía y acreditación ante el país de profesiones, entre las cuales están por cierto las tan mal evaluadas pedagogías. En este contexto, resulta interesante precisamente debatir en serio no solamente las instancias que desde el Estado, vía Ministerio van a llevar a cabo este cambio, sino cuales son los criterios que a nivel regional, social, político y de competencias conducirán las transformaciones, así como, las instancias que se proponen para orientar el proceso.
En este mismo sentido, no es un detalle menor que lo que en primer lugar se distingue como puntos controversiales en el informe es precisamente la diferencia entre el lenguaje, la visión y postura de los expertos, técnicos con aspiraciones políticas y el lenguaje y visión del mundo social comprometido con los problemas de la educación. De un lado están los acuerdos de los sectores sociales que viven desde dentro el problema educacional, entiéndase, alumnos, estudiantes, profesores, para docentes, trabajadores del sistema educacional que por cierto tienen la experiencia desde los años 80 de la Ley LOCE para los cuales es evidente la importancia del rol del Estado en esta materia y en relación con el desarrollo y progreso del país Y por otro lado están, los tecnócratas, antiguos resabios de aristócratas platónicos, que buscan hacer, diseñar, las políticas públicas desde las influencias en la burocracia estatal y el secretismo. Como siempre generando acuerdos entre bambalinas, negando los acuerdos de mayorías, dificultando la democracia y la participación de las mayorías.
Estas dos visiones antagónicas confrontadas en la comisión no hacen sino expresar como tantas veces en Chile, el rol de la burguesía intelectual generadora de un conocimiento acomodaticio a sus intereses y difícilmente del lado de los sectores populares que lo necesitan.
Ciertamente está visión se representará en ambas cámaras y para variar volveremos a ver quién es quién de cara a la decisión de derogar la LOCE. Difícil gobierno para una presidenta que pide “estar en la base social” y “trabajar para la base social”.
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